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Juan Miguel Díaz Rodríguez
Los límites de los poderes empresariales no impiden que se pueda controlar a los trabajadores mediante detectives y vigilantes de seguridad, conforme a lo previsto en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Se trata de una posibilidad legal que subyace, cada vez con mayor frecuencia en cuanto a los detectives, en diversas resoluciones judiciales y sobre la que, dada la parquedad normativa al respecto, existen muchas dudas doctrinales y, en consecuencia, habituales divergencias jurisprudenciales; todo ello agravado por las deficiencias que caracterizan a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
