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El descuido de la argumentación jurídica ha conducido, en nuestra jurisprudencia, a una doctrina en la que junto a un ya perenne déficit dogmático, se advierte una preocupante arbitrariedad decisoria. Se decide ponderando razones, pero sin atender muchas veces en ello, a si las mismas se prestan a su ponderación o en tal caso, a su significación en Derecho. Este déficit de racionalidad incide directamente en la legitimidad de tales decisiones, y ello particularmente, cuando se trata de imponer consecuencias jurídicas de cinco, veinte o treinta años de privación de libertad.
