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Marcelo Guardia Crespo
Se trata de una revisión de la legislación vigente sobre privacidad e intimidad en Bolivia, así como documentos deontológicos relacionados con el tema, con el propósito de conocer el estado del marco legal y contar con elementos que sirvan para intervenir en el proceso de redacción de una posible Ley de las Comunicaciones, anunciada en la nueva Constitución Política del Estado.
Conocer la legislación y normativa vigente en Bolivia sobre privacidad e intimidad es el objetivo de este trabajo. Para el efecto se han revisado leyes, códigos, reglamentos, documentos deontológicos que abordan directa o indirectamente los derechos a la privacidad e intimidad, que son frecuentemente vulnerados por la prensa y los medios de comunicación social. Analizar la relación entre las formas de vulneración de estos derechos personales con la normativa actual, puede orientarnos a identificar los puntos sobre los cuales se puede intervenir, mejorando la legislación o concientizando sobre su importancia a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, producir y difundir programas que abordan estos temas. Por otro lado, es necesario contribuir a la posible discusión y debate sobre la redacción de una nueva "Ley de Comunicaciones", anunciada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Para conocer las características de la normativa vigente, ámbitos de aplicación y documentación vigente, seguimos el análisis de Dermizaky Pablo (2000), en su trabajo El derecho a la intimidad, en el que analiza la legislación nacional presente en diversos documentos normativos.
Existen varios tipos de derechos, entre los que destacamos el civil, el penal y constitucional. El derecho civil es el ámbito referido a los aspectos que regulan el derecho privado, es decir, los temas relativos a las relaciones personales, familiares, contratos, negocios, transacciones patrimoniales. Es la regulación de las relaciones privadas entre los ciudadanos. Sus componentes son tres: derecho de la personalidad, que trata temas de relacionamiento entre personas naturales y jurídicas (públicas y privadas), derecho de familia referido a las relaciones personales y patrimoniales y derecho patrimonial propiamente dicho que se ocupa del derecho al patrimonio, derechos reales, de crédito, obligaciones y sucesión hereditaria, etc. El derecho penal se refiere a los aspectos en los que interviene el Estado para asegurar los valores vigentes en una sociedad, a través de puniciones a los infractores. Su misión principal es la protección de la sociedad de cualquier tipo de amenaza. El derecho constitucional se refiere a la CPE y su capacidad de establecer parámetros para que los demás tipos de derecho puedan ser aplicados bajo principios tales como el de que nadie puede ser condenado si no es sometido a un juicio previamente.
