El estudio analiza la naturaleza jurídica de la Ley de Presupuestos y, en concreto, su fuerza activa, análisis que lleva al autor ha considerar que las garantías formales y materiales, entre las que se encuentra el principio de seguridad jurídica, que la Constitución impone al Legislador da lugar a que el concepto de Ley de presupuestos se aleje de la configuración de Ley formal del constitucionalismo clásico, esto es, en el sentido de norma desvinculada de cualquier criterio de tipo material y de norma de expansión ilimitada y con capacidad para regular cualquier materia. Por el contrario, la Ley de Presupuestos entraría dentro de un concepto material de Ley en el sentido de norma limitada a unas concretas materias, con una fuerza activa claramente debilitada y, en cierto modo, vinculada a las normas sustantivas que imponen las obligaciones.