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En el presente artículo analizaremos las consecuencias que el Real Decreto Ley 8/2011 va a tener en los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria, en los que se pretende por parte del poder Ejecutivo facilitar la posibilidad de subsistencia de quienes no pueden hacer frente a las cuotas hipotecarias, y deben responder, finalmente, con el bien inmueble que han puesto en garantía de los préstamos que han concertado con las entidades bancarias.
