La Directiva 2009/81/CE en materia de contratos de defensa y seguridad surge para dar respuesta a las necesidades específicas de la industria europea en relación con la contratación del sector público. Su desarrollo se motiva por las carencias de la Directiva 2004/18/CE (transpuesta a la legislación española median-te la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público) y por el mal uso que los Estados miembros han hecho del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tener que invocar su artículo 346 para proteger sus intereses esenciales de seguridad, conducta que dio lugar a reiteradas sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El objeto de este trabajo es analizar los puntos básicos de la transposición de la Directiva de Contratos de Defensa europea en la legislación española por medio del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de la defensa y la seguridad, aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, al tiempo que se exponen algunas posibles reflexiones para su mejora.