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Francisco J. Visiedo Mazón 
En el presente Estudio Autonómico se analiza la actividad jurídica, institucional y política de la Comunitat Valenciana en el 2010, que en esta ocasión nos muestra una agudización de los conflictos judiciales y de la tensión política entre el partido mayoritario y el resto de las fuerzas políticas que impide alcanzar acuerdos incluso en temas tan necesarios como la renovación de vacantes en algunas de las Instituciones de la Generalitat. Precisamente en este Estudio Autonómico sobresale como único acuerdo el alcanzado en la elección de los integrantes de la Sindicatura de Comptes; siendo también destacable la aprobación de dieciocho textos normativos, entre los que distinguiremos la Ley de Administración Electrónica; la Ley de Régimen Local; Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; Estatuto de las Personas Cooperantes; Protección Civil y Gestión de Emergencias; Autoridad del Profesorado y Ley de la Juventud. Nuevamente se ha utilizado la figura del Decreto-Ley, en este caso en cuatro ocasiones, para aprobar medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia; medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo; medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público valenciano y medidas para la modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorro. En otro orden de cosas se han llevado a cabo, no sin tensión, en algún caso, las comparecencias de los Senadores designados por les Corts Valencianes ante la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat.
