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El envejecimiento de la población, los cambios en los deseos socioprofesionales de las mujeres y la pérdida de redes sociales que apoyen los cuidados familiares han desafiado la labor de la protección social y han evidenciado nuevas fórmulas de atención personal en los hogares. La aprobación de un marco estatal de regulación de la dependencia y la proliferación de transferencias económicas han sido las respuestas institucionales para la provisión de cuidados de larga duración. La contratación de una empleada de hogar como cuidadora ha sido la alternativa seguida por las familias, en algunos casos, animadas por el auge de estos subsidios monetarios. Ello ha supuesto un cambio en el régimen de cuidados español, donde la reorganización de los cuidados no pasa por una división sexual y generacional más equilibrada en las tareas asistenciales, sino en la mercantilización de estos trabajos. La aceleración de llegadas de población inmigrante, feminizada y en situación irregular, ha propiciado que este sector de cuidados dentro del servicio doméstico, se convierta en un nicho laboral para las personas extranjeras. El artículo explora las conexiones existentes entre la naturaleza de la protección social y la mercantilización de la asistencia, comparando las estrategias de provisión de cuidados de personas mayores en cada una de las comunidades autónomas según la implicación del estado, el modelo migratorio y la incorporación laboral femenina.
