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En este trabajo se analiza el sistema de alerta temprana en aplicación del principio subsidiariedad, que compromete a tres poderes legislativos (Parlamento Europeo, Cortes generales y Parlamento autonómico), afecta a cuatro dimensiones competenciales (Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma y Entes Locales) y ha tenido cinco consecuencias relevantes: a) La ampliación de las fuentes del Derecho Parlamentario para incorporar las funciones parlamentarias establecidas por el Tratado de la Unión Europea, su Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea y su Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; b) La incorporación de criterios técnicos de razonabilidad (test de sub-sidiariedad) al sistema competencial y a su control, lo cual puede conducir a una despoli-tización parcial del reparto de competencias; c) La necesidad de una teoría constitucional sobre cooperación interparlamentaria que dote de construcción doctrinal al régimen jurí-dico vigente, integrado por los reglamentos parlamentarios y la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificado por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 38/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994; d) La conveniencia de dotar de contenido a la dimensión local en el proceso decisorio europeo y en el control del principio de subsidiariedad; y e) La deseable armonización del procedimiento parlamentario estatal y autonómico sobre el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Estas consecuencias deben entenderse a la luz de los Tratados europeos y de los principios que ha recordado la V Conferencia sobre la subsidiariedad (Comité de las Regiones) y conducen al establecimiento de un sistema competencial vinculado al sistema europeo de cooperación interparlamentaria.
