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Este artículo pretende aclarar el concepto de colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras o Public-Private Partnership, desmontar mitos acerca de su funcionamiento y profundizar en las implicaciones para la Administración Pública y el sector privado. Veremos el ejemplo de la concesión de obra pública, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en España, el modelo Private Finance Initiative británico y algunas pinceladas sobre la situación en Norteamérica. Esta fórmula de licitación busca que la competencia y la experiencia de las empresas privadas genere eficiencia para la Administración y, al mismo tiempo, que el sector privado encuentre una adecuada relación entre riesgo y rentabilidad. Sus principales ventajas e inconvenientes están íntimamente relacionadas con la llamada financiación sin recurso al accionista y con la figura contractual utilizada, pero en la actualidad su éxito pasa necesariamente por reducir la incertidumbre respecto a su tratamiento en las cuentas públicas y encontrar soluciones a la escasez de financiación.
