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La denominada construcción europea es un proceso que, durante cincuenta años, se ha caracterizado por un alto grado de incertidumbre, guiado más por el pragmatismo que por factores ideológicos o dogmáticos. Sin embargo, el impacto de las decisiones adoptadas en el ámbito comunitario en la esfera jurídica y social de los ciudadanos de la Unión es indudable y, además, creciente. Entre los aspectos del Derecho comunitario que tienen mayor impacto individual, destacan las medidas que conforman el denominado Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ). Una verdadera ciudadanía de la Unión pasa necesariamente por unas garantías suficientes en estas tres materias, y los poderes de la Unión se han encargado de constituir y reforzar dichas garantías. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones han puesto de relieve las carencias en este campo. El ingreso de nuevos países a la UE aporta capacidad económica y riqueza social y cultural, pero también añade nuevas dimensiones en materia de control de fronteras y de prevención y represión de la criminalidad, potenciando la necesidad de una mayor capacidad en materia policial y judicial. Las políticas requieren instituciones para ser implantadas. En materia de justicia, Eurojust puede ser considerado el embrión de una Administración comunitaria en esta materia. Se manifiesta aquí la tensión entre lo nacional y lo comunitario.
