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En el Orden Social, la relevancia de los registros o grabaciones videográficas como medio de prueba plantea una serie de aspectos a los que ha ido dando respuesta tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, habiéndose centrado dicha doctrina en el examen del valor probatorio como medio para acreditar los hechos base de las respectivas pretensiones de las partes; en los efectos y consecuencias de la ocasional denegación de su práctica, en la justificación de la eventual invasión del ámbito de la privacidad; en la legitimidad del registro de manifestaciones o expresiones públicas del ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de huelga; o en fin, en el carácter o naturaleza jurídica de dichos medios.
