El marco jurídico de la Administración electrónica en España está constituido principalmente por la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) y la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público (LCSP). El desarrollo e implantación de sistemas de contratación electrónica, exige desde el punto de vista administrativo un esfuerzo de simplificación de los procedimientos administrativos y desde el punto de vista tecnológico, de la adecuada flexibilidad en la herramienta que gestiona los procesos. Es además, esencial asegurar la adecuada integración con el sistema de contabilidad correspondiente. La implantación de un sistema de contratación electrónica, es una excelente oportunidad para revisar la forma en que se tramitan los expedientes de contratación administrativa.