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, Daniel Díaz Fuentes , Marcos Fernández Gutiérrez , Julio Revuelta López
La actual crisis económica ha exacerbado las preocupaciones en torno a la redefinición del papel y el alcance para los ciudadanos de las políticas públicas de regulación. En el caso de los servicios públicos, aunque el proceso de desregulación se justificó por incrementar teóricamente el bienestar de los consumidores, fue muy escasa la atención prestada a los mismos. Las nuevas políticas europeas de regulación de servicios públicos muestran la necesidad de incorporar la perspectiva de los ciudadanos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de estos mercados sin que ello redunde en detrimento del interés general. Este artículo evalúa las decisiones y actitudes de la ciudadanía española ante dos servicios públicos como la electricidad y las telecomunicaciones, a partir del contraste de preferencias declaradas y reveladas. Los resultados obtenidos muestran que las variables socio-económicas afectan al uso de los servicios y la satisfacción de los ciudadanos. Las conclusiones reflejan las repercusiones de estos resultados en el diseño de las políticas centradas en la inclusión social.
