Además de la necesidad de garantizar una prestación universal del servicio, en la ordenación del transporte de viajeros por carretera concurren otros intereses públicos (normas de seguridad y tráfico, protección e impacto ambiental, carreteras, ordenación urbanística ... ), cuyo cumplimiento también debe garantizarse por parte de los poderes públicos. Corresponde a los poderes públicos configurar un sistema en el cual la oferta de los diferentes modos de transporte resulte coordinada, rentable y más sostenible. En el presente trabajo se analizan los distintos niveles de intervención (comunitario, estatal, autonómico y local) en un proceso de liberalización de los servicios de transporte de viajeros por carretera, donde el mantenimiento de derechos exclusivos o especiales a favor de las distintas administraciones debe someterse a continua revisión.