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Partiendo del conocido hecho de que la celebración de elecciones y el subsiguiente cambio de responsables políticos en la Administración General del Estado y en Administraciones autonómicas y locales conlleva, en general, un rosario de remociones de funcionarios que ocupan puestos de libre designación, el autor, con cierta base en la doctrina del Tribunal Constitucional, cuestiona la constitucionalidad de los ceses si puede inferirse que su causa ha sido lo que denomina la «desconfianza política» que puede inspirar el funcionario removido.
