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Rafael Fernández Montalvo
La doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado, desde sus primeras sentencias, que la provincia tiene reconocida, en la Norma fundamental, una garantía institucional que la preserva frente a un legislador que la suprimiera o desconociera el contenido esencial de su autonomía. Asimismo, proclama el carácter bifronte del régimen local, en el que la Ley estatal reguladora de las bases desempeña un específico papel atribuido por la propia Constitución. Sin embargo, considera que el contenido material de la competencia provincial es de configuración legal.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo parte de la doctrina constitucional sobre la autonomía provincial, pero amplía, en general, las competencias localkes, sobre la base de la Carta europea de autonomía local y el principio de subsidiariedad. Además, reconoce a la provincia una competencia esencial de carácter funcional, que consiste en la colaboración y cooperación con los municipios. Los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal constituyen una forma tradicional de cooperación que sirve a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para dar contenido a la actuación de las diputaciones.
