La finalidad de este estudio no es otra que poner de relieve la necesaria ejecución de estos programas formativos cuando han sido impuestos por el órgano judicial como condición a la suspensión de la ejecución de la pena, debiendo existir un necesario control y seguimiento de los mismos a través de la adecuada coordinación entre la Administración de justicia y los servicios penitenciarios, debiendo implantarse los programas específicos de reeducación en los centros penitenciarios, tal y como previene el art. 42 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género.