La transposición de la Directiva de servicios en España obliga a llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa, también requerido por las difíciles circunstancias económicas que atraviesan nuestras administraciones. Otros países europeos nos muestran reformas concretas que podrían aplicarse, como la agilización procedimental, que también se intentan aplicar en las comunidades autónomas. Sin embargo, varios desafíos claves de la simplificación siguen necesitando modificaciones más profundas de nuestra Ley de procedimiento administrativo para realizar la eliminación de abusos en las exigencias documentales, evitar las dilaciones procedimentales, terminar con el silencio administrativo y mejorar aspectos de la Administración electrónica, como la interoperabilidad.