La Ley de Regulación del Juego tiene por objeto regular las actividades de juego de ámbito estatal, en especial las realizadas a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, así como fijar un sistema de tributación sobre las mismas. Desde el punto de vista regulatorio, destaca la introducción de un régimen de control de las actividades de juego (y de su publicidad) muy estricto, con la exigencia de una doble licencia �general y singular� para su ejercicio, si bien no se ha establecido, como se preveía en un principio, una limitación en el número de operadores, salvo que así lo determine la Comisión Nacional del Juego por razones de interés público.