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, María Pilar Navau Martínez-Val
El derecho a la vivienda reconocido constitucionalmente no tiene por objeto la titularidad de una vivienda determinada, sino que se concreta en un mandato a los poderes públicos para que realicen un conjunto de actuaciones �normativas y administrativas� que hagan posible para todos disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La causa de la deficiente situación en la que se encuentra en España el acceso y disfrute de una vivienda de alquiler debe situarse en las actuaciones, de índole legislativa y administrativa, desarrolladas por los poderes públicos en España a lo largo de las últimas décadas las actuaciones de los poderes públicos para hacer efectivo el derecho al que nos venimos refiriendo pueden revestir la forma de subvenciones, de beneficios fiscales y, asimismo, de medidas tendentes a salvar las dificultades que puede presentar el arrendamiento en el plano civil o en materia de resolución de conflictos. El presente artículo realiza un breve examen de la política de vivienda en España durante las cuatro últimas décadas, para terminar con una serie de conclusiones acerca de las causas concretas que han llevado a la situación actual. Asimismo, se examina y valora la situación actual, a la luz de las últimas reformas legislativas, y se formulan una serie de propuestas de lege ferenda que, desde nuestro punto de vista, podrían contribuir al cumplimiento del mandato que para los poderes públicos contiene el artículo 47 de la Constitución Española.
The constitutionally recognized right to housing does not infer ownership of any house in particular; rather it implies a mandate for the public authorities to carry out a series of regulatory and administrative interventions so that everyone can have access to a suitable and decent place to live. The deficient situation in Spain concerning access to rented accommodation is due to the legislative and administrative interventions of the public authorities in Spain over the last few decades. Such interventions to make the abovementioned right effective can take different forms: subsidies, tax benefits and also measures aimed at overcoming the difficulties that can appear when renting in both civil cases or in resolving conflicts.
This article briefly examines the housing policy in Spain over the last four decades, reaching some conclusions concerning the specific causes that have led to the current situation. The current situation is also examined and evaluated in the light of the most recent legislative reforms, and a series of de lege ferenda proposals is made that, from our point of view, could contribute to the fulfillment of the mandate to the public authorities embedded in article 47 of the Spanish Constitution.
