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Análisis de la exigencia legal que se les impone a las empresas acerca de la implantación de un plan de prevención jurídica tras la redacción del nuevo art. 31 bis del Código Penal que deriva responsabilidad penal a las mismas por las actuaciones llevadas a cabo por sus directivos y empleados en los casos en los que no esté implementado este plan de prevención jurídica en las empresas que hubiera evitado esta ausencia de control. Se recoge la normativa aplicable y, ante la falta de regulación normativa se proponen por el autor el marco de los requisitos que debe reunir este programa de prevención normativa o compliance program ya implementado en el derecho comparado con mucha eficacia.
