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Este trabajo, al igual que otros anteriores, tiene por objeto llamar la atención acerca de la imperiosa necesidad de que nuestro legislador asuma la reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, e incorpore a la misma una serie de normas de carácter procesal que adecuen esa nueva realidad a su andadura por los órganos jurisdiccionales penales, no dejando exclusivamente en manos de aquellos esa función creadora, que en cierta medida no le corresponde, ya que de lo contrario devendrá en su escasa aplicabilidad, como ha sucedido con su antecedente más inmediato, las denominadas «consecuencias accesorias» del art. 129 Código Penal.
