El acceso de los ciudadanos a la función pública debe producirse en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). A fin de que el citado derecho fundamental produzca sus máximos efectos, es imprescindible la investigación por el medio jurídico respecto a la exigencia de igualdad en la disputa por las plazas de funcionario público, lo que impone el estudio de las repercusiones de la mencionada garantía, de los obstáculos a su plena efectividad y de los posibles cambios, legislativos o mismo de interpretación, que permitan que el acceso a la función pública respete, además de la igualdad, los principios constitucionales de merito y de capacidad.