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La tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo que proscribía la impugnación indirecta de reglamentos en general y de planes urbanísticos en particular fundada en los vicios formales cometidos durante su tramitación ha ido evolucionando con el tiempo, flexibilizándose en función de la gravedad y repercusión práctica del defecto formal invocado. El autor examina el estado actual de la cuestión tras analizar las distintas posiciones doctrinales enfrentadas y las más recientes sentencias dictadas al respecto.
