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El estudio se centra en analizar las más recientes resoluciones judiciales acerca del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, evidenciándose que por parte de la Administración autonómica andaluza se ha venido intepretando y aplicando, de forma retroactiva dicho POTA, consciente, indebida y forzadamente, e imponiendo de forma categórica, rotunda y terminante, que todos los municipios (770) tuviesen que readaptar sus planes generales de ordenación urbanísitica (en proceso de revisión por exigencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) a los nuevos dictados de ese instrumento de ordenación territorial autonómico, con las nefastas secuelas que de ello se han originado, tales como el descapitalizar a los ayuntamientos y el haber paralizado la actividad de transformación urbanística con anterioridad al comienzo de la crisis económica en la que nos vemos aún inmersos, habiéndose podido transgredir los principios de lealtad institucional, de cooperación, de buena fe y de confianza legítima.
