El autor pone de manifiesto que, a pesar de la nueva y trascendental imputación penal de la persona jurídica, tras la reforma del Código Penal de 22 de junio de 2010, queda pendiente la reforma del proceso penal, para conocer los límites de la responsabilidad penal, por lo que los Jueces y Tribunales más que interpretar la Ley, tendrán que suplir las lagunas del legislador.