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Ivan Briscoe, Martín Rodríguez Pellecer
Grupos criminales han infiltrado los partidos políticos, las instituciones y las élites económicas de Guatemala, por donde pasa más de un 25 por cien de la producción mundial de cocaína. Las elecciones de septiembre se presentan en un contexto de alta violencia.
La profundidad de los desafíos del Estado de Guatemala es conocida mundialmente. El país centroamericano, con 14 millones de habitantes, ha sufrido una serie de graves desastres naturales en los últimos años, desde inundaciones a explosiones volcánicas. Su territorio e infraestructuras han registrado múltiples colapsos, como el enorme agujero de 60 metros de profundidad y 30 de diámetro abierto en una zona urbana, cerca del centro de la capital en mayo de 2010. Como país de ingreso medio-bajo, Guatemala padece además intermitentes crisis humanitarias, sobre todo de malnutrición. Pero por encima de estos graves problemas, el país centroamericano vive una situación de creciente inseguridad que es en la actualidad la mayor preoupación de Estados Unidos. Según un informe del departamento del Estado, partes enteras de Guatemala se encuentran �bajo el control de organizaciones dedicadas al narcotráfico�. La altísima criminalidad �agravada por la penetración del narco� se resume en más de 6.000 homicidios al año, una de las tasas más altas del mundo (superadas en la región por Honduras, El Salvador y Jamaica).
El gobierno del presidente Álvaro Colom, vencedor de las elecciones de 2007 como candidato del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), autodenominado socialdemócrata, ha situado como prioridad de su agenda la lucha contra la pobreza y la �depuración� de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, numerosos obstáculos enraizados en la historia reciente de Guatemala, dentro y fuera del gobierno, han dificultado el trabajo de los reformistas
