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La libertad religiosa es un derecho y un principio de nuestro Estado de Derecho. Ante el fenómeno de la multiculturalidad, el Estado o Poder Político no puede mantener la neutralidad que el texto constitucional le sugiere, pues por medio de la inscripción y la labor de policía en temas de orden público, tiene que estar vigilante en lo que respecta a los derechos humanos y valores constitucionales de la Constitución española y de las normas de la Unión Europea que a España, vinculan, afectan y se le aplican. Ese respeto a los derechos fundamentales es el acervo común que el Estado debe defender, desde una dificultosa neutralidad.
