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Un examen exhaustivo de la legislación en las últimas dos décadas muestra la aparición de un favor del legislador comunitario respecto de las técnicas de resolución alternativa de conflictos en los tribunales. El "favor" se deduce de una serie de medidas reglamentarias que parecen basarse en una nueva concepción del art. 61 del Tratado de la Unión Europea, que pretende garantizar un nivel adecuado de asistencia jurídica, facilitando así la libre circulación de personas y el buen funcionamiento del mercado interior. La asistencia jurídica es considerada justa y eficaz cuando pretende una gestión adecuada de la resolución de los conflictos. Conciliar los diversos intereses implicados y la pacificación de las partes constituye un objetivo importante para el logro de la justicia en Europa. El sistema judicial parece reforzar el modo adversarial tradicional (el llamado modelo lose-win), lo que hace más difícil alcanzar una solución "real" y no meramente formal de las controversias. La reciente Directiva de la Unión Europea 2008/52, dedicada a la mediación, si bien resulta cuestionable por su reducido ámbito de aplicación, constituye una clara manifestación del la inclinación del legislador comunitario por modelos o patrones de resolución no adversariales.
