La polémica decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, aunque bien acogida inicialmente por la opinión pública mayoritaria, es jurídica y económicamente criticable, ya que, por una parte, contradice abiertamente lo dispuesto por los arts. 570 y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1911 del Código Civil; y, por otra parte, puede provocar una contracción todavía mayor del crédito hipotecario.