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El objetivo de este trabajo es realizar una reflexión crítica sobre la regulación de las campañas electorales, tal como ha sido configurada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central. En él se exponen una serie de dudas en torno a alguno de los aspectos centrales de su regulación, a los que se han dado soluciones que resultan, al menos, discutibles y que se pueden sintetizar en las siguientes preguntas:
¿Por qué no pueden las campañas institucionales incentivar el voto? ¿Es posible prohibir toda campaña informativa de las Administraciones públicas durante los procesos electorales? ¿Por qué nos empeñamos en distinguir entre pre-campaña y campaña? ¿Por qué damos el mismo tratamiento a la propaganda electoral y a la información electoral? ¿Por qué tratamos a las televisiones privadas como si fueran públicas? ¿Por qué dificultamos la realización de debates electorales?
