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El Gobierno acaba de presentar dos anteproyectos de Ley, uno el de Agilización Procesal y, otro, el de Creación de los Tribunales de Instancia, que merecen un comentario, aunque sea breve y urgente, dada su trascendencia y los cambios sustanciales que van a comportar en nuestro proceso civil y en la organización de los Juzgados y Tribunales. La urgencia se impone cuando las decisiones adoptadas pueden causar consecuencias sensibles en los derechos de los ciudadanos, máxime cuando dicha restricción no es obligada, sino una opción determinada que parece no dar a dichas limitaciones en el ámbito de la libertad la importancia que merecen, supeditándolas a la supremacía de criterios de eficiencia empresarial en la Administración de Justicia.
