La sentencia del TJCE de 26 de enero de 2010 declaró que la doctrina del TS español relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las Leyes internas que infringen el Derecho de la Unión Europea es contraria al principio comunitario de equivalencia. En ejecución de aquella sentencia, la Sala Tercera del TS ha tenido que rectificar su jurisprudencia sobre esta materia.