María Luisa Pérez Guerrero
La empresa, que vio denegada la autorización administrativa para proceder a la regulación de empleo, solicita se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios causados como consecuencia del cese de actividades industriales a la que vio finalmente abocada. Revisada la legalidad de la actuación administrativa, ésta se declaró no acorde al Ordenamiento Jurídico, por lo que se solicita el derecho a una indemnización equivalente a la minoración de costes que hubiera tenido si se le hubiera permitido modificar las condiciones de los contratos de trabajo en su momento.