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El nuevo marco legal pretende reforzar el poder organizativo del empresario y la facilitación del despido con la contrapartida de medidas dirigidas a reducir la alta tasa de temporalidad en el empleo, pero están acompañadas de previsiones que reducen notablemente su alcance. Así, en varios puntos (modificaciones sustanciales colectivas, acuerdo de descuelgue salarial, etc.) se dificulta la acción del trabajador contra decisiones no ajustadas a derecho y, a la postre, el control judicial.
