Tras la aprobación del TRLS 08 aparece un nuevo Derecho urbanístico estatal cuyo ámbito se concreta en la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, los criterios de valoración, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia, los instrumentos de intervención en el mercado del suelo y el régimen jurídico procesal y registral.