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La Directiva 2008/99/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal busca garantizar la plena efectividad de las normas que dicten las Instituciones de la Unión Europea en materia ambiental. Para ello, delimita en dos direcciones la tipificación penal por parte de los legisladores nacionales: i) se debe referir a las infracciones relativas a la legislación ambiental de la Unión Europea; y ii) se requiere la producción de un daño grave a los recursos naturales que tenga una traducción o efecto igualmente grave sobre las personas y establece que también las personas jurídicas serán castigadas cuando sean consideradas responsables de la infracción. Busca en definitiva abrir el camino al Derecho penal como instrumento de protección ambiental por su potente capacidad de disuasión.
