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En diciembre de 2004, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (actual CARUE) adoptó dos acuerdos para regular la participación de las Comunidades Autónomas en algunas de las formaciones del Consejo de la Unión europea y en sus órganos preparatorios. Tras unos años de funcionamiento del sistema pactado, los resultados son desiguales, entre otras razones, por las dificultades para aplicar los acuerdos tal y como se había previsto. El presente estudio trata de mostrar algunos de los problemas sobre los que la autora considera que debería reflexionarse antes de proceder a una eventual revisión.
