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No parece problemático que el Tribunal Constitucional se sirva del conocido principio de la proporcionalidad para controlar la interpretación y aplicación que la Administración y los tribunales realizan de los derechos fundamentales. Este postulado surge precisamente en el ámbito del Derecho Administrativo, sólo cuando es asumido por la dogmática constitucional pasa a ser un instrumento para controlar también al legislador. Parece por otra parte que el control que el Tribunal Constitucional puede ejercer sobre la Administración o sobre los tribunales es mayor que el que puede ejercer sobre la ley; la esencia democrática de esta norma jurídica así parece imponerlo. Sin embargo, aquí terminan los acuerdos o las certidumbres y comienza el debate. Que se puede explicar, en definitiva, por la propia controversia sobre la naturaleza de la ley y sobre la razón de ser del propio Tribunal Constitucional. A la luz de estos conflictos quizá quepa entender mejor el debate inicial sobre la proporcionalidad, las posibilidades que ofrece al constitucionalismo, pero también los riesgos que conlleva.
