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En 2009, el largo conflicto que viene manteniendo la Comunidad riojana con las Haciendas Forales del País Vasco se ha centrado en el llamado �blindaje� del concierto económico vasco o, más propiamente dicho, en la tramitación de la reforma legislativa destinada a circunscribir en exclusiva al ámbito de la jurisdicción constitucional -excluyendo el recurso directo o indirecto ante la jurisdicción contencioso-administrativa- el recurso frente a las normas forales fiscales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Ello, por lo demás, se une al habitual clima de fricción que mantienen los ejecutivos estatal y autonómico. En el plano intracomunitario destaca la inadmisión por parte del TC del conflicto en defensa de la autonomía local planteado frente una disposición legal autonómica en materia de urbanismo.
