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La séptima legislatura en las Illes Balears está suponiendo una dura prueba para el sistema institucional de la Comunidad Autónoma. Los problemas de gobernabilidad, que se han manifestado en mayor o menor grado desde la formación del Ejecutivo resultante de las elecciones autonómicas de mayo de 2007, se agudizaron durante el año 2009 hasta desembocar, en los albores de 2010, en una situación próxima a la parálisis política. El pacto de gobierno, integrado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria salvo el Partido Popular (la formación más votada y que se quedó a las puertas de la mayoría absoluta), cuya reedición tras la experiencia de la quinta legislatura despertó grandes expectativas y considerables dudas por igual, se ha ido revelando carente de cohesión y está logrando escasas realizaciones. Esta situación, empero, no deja de ser paradójica si se tiene presente que, sin contar la crisis económica, pocas veces se ha encontrado un Ejecutivo de las Illes Balears con una coyuntura política más propicia para desarrollar su programa de gobierno. Por un lado y por primera vez en la historia de las Illes Balears, durante toda la legislatura autonómica concurren en Madrid y en Palma dos gobiernos del mismo signo (encabezados por el Partido Socialista), circunstancia que teóricamente habría facilitar la sintonía entre ambos. Por otro lado, la oposición en el Parlamento autonómico -conformada por un solo partido con un número de escaños claramente superior al de cada una de las demás fuerzas presentes en la Cámara, y que por ello podría estar en disposición de plantar cara al Ejecutivo- está más ocupada en encauzar su rumbo interno, tras haber perdido el poder, que en ejercer un control estrecho de la actividad gubernamental. En pocas palabras, al comenzar su andadura, el Gobierno del segundo pacto progresista parecía encontrarse en una buena situación para poder llevar a cabo su programa político. Sin embargo, este vaticinio no sólo no se está viendo refrendado por los hechos sino que, al contrario, se antoja erróneo en vista de la difícil gobernabilidad de la Comunidad Autónoma durante la séptima legislatura. Sobre ello se va a reflexionar en el presente trabajo, tomando como base los datos que ofrece la actividad autonómica realizada en 2009.
