La última reforma del Código Penal, ahora comentada, ha criminalizado el blockbusting o «mobbing inmobiliario» por partida doble, tanto como delito contra la libertad como contrario a la integridad moral, dándole un tratamiento sistemático y penológico idéntico al previsto para el mobbing laboral en este segundo tipo delictivo. La falta de bases sólidas criminológicas y político-criminales, unida a las prisas, con o sin pausas, para promulgar las reformas penales, convierten gran parte de los nuevos tipos delictivos en meros instrumentos de imagen política con altas dosis de arbitrariedad, en constantes huidas hacia el Derecho penal para no afrontar de modo directo con los problemas sociales en la búsqueda de soluciones.