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Para que desempeñe un papel de primer orden en la mejora de la condición asalariada y sea un instrumento de combate contra el desempleo masivo, la reducción del tiempo de trabajo tiene que cumplir determinadas exigencias. Que sea generalizable al conjunto de la población asalariada, que sea brusca, que no sea la contrapartida de concesiones salariales o de una flexibilidad en la organización del trabajo que perjudique los intereses de los asalariados en su derecho al tiempo libre. La Segunda Ley francesa de las 25 horas (Ley Aubry II), aunque se aparta de las recomendaciones de la Comisión Europea y otras instituciones internacionales, no cumple suficientemente estos requisitos
