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El trabajo analiza las grandes líneas de la organización judicial en España dibujadas por el Estado liberal y las relaciones que se desprenden de este diseño con el poder ejecutivo. Su objeto se centra en el estudio de las diversas normas que van conformando el poder judicial hasta llegar a la II República. Como trasfondo de esas normas se pone de relieve la permanente contradicción entre las declaraciones ideológicas sobre la independencia del poder judicial y su invariable tratamiento como cuerpo de empleados públicos al servicio del Gobierno. Esa contradicción disminuya en el período de la II República, durante el cual, no obstante, la judicatura continuará sin las garantías mínimas para constituir un poder independiente del Estado
