La elevada conflictividad judicial en los contratos de SWAP celebrados por clientes minoristas es indicativa de la existencia de una vulneración generalizada del deber de informar de las entidades oferentes en la contratación de estos productos financieros complejos. El incumplimiento de este deber ha originado en el cliente un error sustancial y excusable sobre la naturaleza y sobre los riesgos patrimoniales derivados del contrato celebrado, error que permite anular el contrato, como reconocen muchos de los pronunciamientos de nuestros Tribunales.