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El Tribunal Constitucional español ha declarado en repetidas ocasiones sobre la concepción de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como un órgano jurisdiccional cuya función no es simplemente revisar decisiones de los tribunales inferiores. Esta concepción de la justicia administrativa y del procedimiento judicial-administrativo tiene algunas implicaciones en materia de prueba. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español explica que las decisiones de los tribunales administrativos se pueden revertir, incluso si versan sobre meros hechos, si hay una aplicación ilegal de las normas sobre prueba. La Constitución Española, en su artículo 24, apartado 1, impone a los jueces el deber de promover el derecho a la defensa jurídica, y tal fin es contradictorio con las decisiones que de forma desproporcionada obstaculizan la efectividad de este derecho constitucional.
