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La L 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que ahora entra en vigor, confiere soporte legal a esta contingencia concreta, dando cauce al mandato de la disp. adic. 4.ª LETA, conforme también con las referencias de orden constitucional y de la UE. Se arbitra una regulación compuesta por disposiciones generales, régimen de protección, régimen financiero y de gestión de las prestaciones, junto con el régimen de obligaciones, infracciones y sanciones. El resultado se mueve entre el efectismo que supone el hecho de la implementación de una prestación nueva y la efectividad con la que aparece dotada según la valoración conjunta de todas las variables que concurren.
