Manuel Almenar Belenguer
El pasado 5 de agosto el Gobierno aprobó el Real Decreto 1003/2010, contra el fraude fotovoltaico con la finalidad de depurar la percepción indebida de la tarifa regulada asociada por parte de algunas instalaciones de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica. El objeto de este artículo es analizar jurídicamente el contenido del Real Decreto 1003/2010, y su aptitud legal para la depuración de las primas indebidas que hayan podido percibirse.