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En las últimas décadas se produjo un notable desarrollo de la energía eólica en el mundo, y es destacable el liderazgo de la Unión Europea, España o Galicia.
Diversas directrices recogen las políticas sectoriais de los países en apoyo a las iniciativas empresariales, entre las que destaca la Directiva 2001/77/CE de la Unión Europea. Las diferencias en los criterios de actuación se aprecian en el modo de implicar a la ciudadanía en el proceso de implantación de parques eólicos, con modelos como el japonés, donde participan directamente como financiadores, o como el danés o el holandés, donde los dueños de los terrenos pueden participar en la propiedad del parque. En España se manifiesta la problemática de la valoración de los terrenos con aprovechamiento eólico al darse serios desajustes entre el precio otorgado al terreno y el valor generado por la explotación del recurso eólico, lo que supone un punto de inflexión en el avance de políticas energéticas integrales que incluyan aspectos cruciales en el asentamiento de un parque eólico (urbanísticos, ambientales, fiscales, energéticos, agrícolas, de ordenación del territorio, etc.).
La ausencia de una política sectorial que resuelva claramente estas cuestiones acaba por perpetuar o agravar una situación en ocasiones insostenible El caso gallego muestra peculiaridades propias y otras comunes con otras zonas del Estado, que muestran la imperiosa urgencia de establecer un marco normativo que regule todos los aspectos pendientes en el asentamiento de estas instalaciones industriales y que continúa sin resolverse incluso después de la promulgación de la reciente ley eólica.
